(EFE).- Siete personas fueron sancionadas en Cuba a penas de hasta 13 años de cárcel, incluido un ciudadano argentino, acusadas de corrupción en una empresa petrolera estatal cubana, lo que provocó pérdidas millonarias y daños a 14 pozos de crudo, según informó este jueves la televisión de la Isla.
Emilio Enrique Cotter, de origen argentino y representante de la firma uruguaya DFS, fue condenado a 10 años de cárcel. El resto de los implicados recibieron penas de prisión inferiores, Pedro Santa Cruz, 13 años; Reinaldo Mederos, 10 años; Jorge Shuman y Joel Pumariega, 2 años; mientras que Rafael Arias, fue sancionado a 5 años de trabajo correccional, según las fuentes.
Asimismo precisó que los funcionarios cubanos envueltos en el suceso, que data de mediados del año 2009, enfrentaron cargos por los delitos de cohecho, actos en perjuicio de la actividad económica o la contratación, incumplimiento de obligaciones en entidades económicas, abuso en el ejercicio del cargo y falsificación de documentos privados.
Según relató el reportaje, el argentino Cotter “se aseguró de encontrar en uno de los especialistas de la empresa comercial Cubapetróleo (CUPET) la vía que facilitara la concertación de contratos entre DFS y empresas cubanas”.
El oficial de la Seguridad del Estado cubana, Eduardo Pérez, dijo en el reportaje que “la mentalidad corrupta” de Emilio Cotter lo llevó a “sobornar” a dos especialistas del Centro de Investigaciones de la Industria Química cubana para que hicieran un “peritaje falso”.
El argentino Cotter “se aseguró de encontrar en uno de los especialistas de la empresa comercial Cubapetróleo (CUPET) la vía que facilitara la concertación de contratos entre DFS y empresas cubanas”
Pero también manifestó que existen algunos indicios alrededor de la conducta de Cotter por los que las autoridades sospechan que “realmente ese no era el fin”, sino que el objetivo podía ser “dañar la economía cubana”, pues no tuvo forma de justificar “de donde salían los fondos con los repartía el dinero a los funcionarios cubanos ni el domicilio legal de la firma DFS en Uruguay”.
Por otra parte explicó que durante las investigaciones se supo que había “entregas sistemáticas” de sumas de dinero, e incluso funcionarios que recibían alrededor de 600 CUC mensuales.
De acuerdo con las fuentes, uno de los funcionarios, el comprador de la empresa Cubapetróleo (Cupet) “benefició a la firma DFS por los regalos que su representante en Cuba le suministraba” y a por esa causa “se produjeran 33 violaciones en el proceso de contratación”.
El director de Perforación y Extracción de la Empresa de Petróleo de Occidente de la Isla fue sancionado penalmente por “no controlar las actividades de las zonas productoras”.
Además indicaron que entre los que cumplen condenas se encuentran el jefe de terminación y reparación de pozos y el supervisor principal de la compañía cubana.
Este caso se suma a otros procesos que en los últimos años han sentado en el banquillo a empresarios extranjeros y funcionarios locales por delitos económicos, como parte de la política de lucha contra la corrupción emprendida por el presidente cubano, Raúl Castro.
