Cuatro miembros del Congreso de Estados Unidos solicitaron formalmente al presidente Donald Trump que promueva acciones judiciales contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, hecho que dejó cuatro civiles muertos.
La petición, firmada por los representantes Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Carlos A. Giménez y Nicole Malliotakis, insta al Departamento de Justicia a evaluar una acusación formal contra el exmandatario cubano y considerar incluso la emisión de una notificación roja de Interpol.
La solicitud se produce cuando se cumplen casi tres décadas del ataque aéreo, uno de los episodios más graves en la historia reciente del conflicto entre Washington y La Habana.
Un caso que vuelve al centro del debate
El reclamo legislativo coincide con la reciente detención en Estados Unidos de Luis Raúl González-Pardo, ex piloto militar cubano vinculado al derribo. Las autoridades lo acusan de fraude migratorio por presuntamente ocultar su participación en operaciones del régimen al ingresar al país.
La reactivación del caso ha reavivado las demandas de justicia por la muerte de Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales, integrantes de Hermanos al Rescate que realizaban misiones de búsqueda y asistencia a balseros en el estrecho de Florida.
Tres de las víctimas eran ciudadanos estadounidenses y una poseía residencia permanente.
El argumento central: responsabilidad de mando
En la carta dirigida a Trump, los congresistas sostienen que existen elementos suficientes para investigar la responsabilidad directa de Raúl Castro, quien en 1996 era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Los legisladores citan grabaciones divulgadas años atrás por el diario The Miami Herald en las que se atribuyen a Castro declaraciones sobre la orden de interceptar las aeronaves.
Además, recuerdan que la Organización de Aviación Civil Internacional concluyó en su informe oficial que el derribo ocurrió fuera del espacio aéreo cubano, un punto clave que podría sustentar jurisdicción estadounidense por tratarse de víctimas norteamericanas.
La Habana ha defendido históricamente que las avionetas violaban su soberanía aérea. Sin embargo, la controversia sobre la ubicación exacta del incidente ha sido uno de los ejes del debate jurídico durante décadas.
Reacciones y tono político
María Elvira Salazar afirmó en redes sociales que “la responsabilidad comienza en la cima” y pidió reabrir el expediente hasta “llegar a la verdad completa”.
Carlos A. Giménez declaró en entrevista con Fox News que la situación en Cuba atraviesa un momento decisivo y que Washington no debe retroceder en su política de presión.
Por su parte, el ex agente de inteligencia cubano Gerardo Hernández —condenado en Estados Unidos en relación con la red de espionaje que infiltró a grupos del exilio— reaccionó con ironía en redes sociales, cuestionando la viabilidad legal de la iniciativa.
Escenario legal complejo
Expertos en derecho internacional señalan que procesar a un ex jefe de Estado extranjero plantea desafíos jurídicos y diplomáticos significativos, especialmente si permanece fuera del alcance de autoridades estadounidenses.
No obstante, los impulsores de la medida insisten en que el tiempo transcurrido no extingue la responsabilidad penal cuando se trata de la muerte de ciudadanos estadounidenses.
El próximo 24 de febrero se cumplirán 30 años del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, una fecha que podría intensificar la presión política sobre la Casa Blanca para responder a la petición legislativa.
