Las autoridades federales han logrado acreditar en los últimos cuatro años a cerca de 1.700 personas para que ejerzan de defensores legales de indocumentados en sus procesos judiciales, y así combatir el fraude en las cortes de inmigración, según informaron hoy a Efe fuentes oficiales.
Estas personas han obtenido esta certificación oficial a través del “Programa de Acreditación y Reconocimiento” que gestiona la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR, en inglés) de Estados Unidos, una iniciativa puesta en marcha en 2011 y que forma parte de un esfuerzo conjunto emprendido por varias agencias federales.
De acuerdo a la EOIR, el programa de acreditación, en el que han participado más de 900 organizaciones no lucrativas, quiere combatir la práctica ilegal del “fraude de notario”, un término utilizado para un simple verificador de firmas de documentos, sin las amplias facultades jurídicas que tienen los notarios en Latinoamérica.
“El ‘fraude de notario’ es un extendido y serio problema que debilita todo el sistema de inmigración”, señaló a Efe Lauren Alder Reid, asesora de Asuntos Legislativos y Públicos de la EOIR, entidad que pertenece al Departamento de Justicia estadounidense.Esta iniciativa busca “apuntalar sus esfuerzos hacia el incremento del número de proveedores de servicios legales” con suficiente constancia de que pueden cumplir su labor en una corte de inmigración, según Alder.
El programa a su vez evita a los indocumentados desembolsar fuertes sumas de dinero para contratar los servicios de un abogado, debido a que estas organizaciones y representantes legales toman muy poco dinero por su labor y, por tanto, cubren en parte la brecha que no llenan los abogados pro bono dispuestos a una defensa gratuita.Alder agregó que la EOIR se halla potenciando la notoriedad de esta iniciativa, así como de sus procesos de aplicación que se hallan disponibles en su web, por medio de avisos promocionales en diversas cortes y sedes de organizaciones locales.
Esta entidad desarrolla a su vez el programa de Prevención de Fraude y Abuso, que mantiene en curso 47 casos por práctica no autorizada de defensa legal en cortes de inmigración, además de proveer información sobre cómo proceder para descubrir a estos “falsos notarios” y donde acudir para la denuncia respectiva.Bajo el objetivo de atacar el fraude y las malas prácticas profesionales, la EOIR cuenta además con una base de datos que aloja a centenares de abogados con un ficha abierta por “problemas disciplinarios”, a raíz de actuar “como no debían”.
El verano pasado, más de 68.000 menores sin acompañante cruzaron la frontera con México y esta avalancha de indocumentados ocasionó una “crisis humanitaria” que puso en jaque el sistema migratorio de EEUU, y propició que las cortes que estudiaban los casos de madres y menores que buscaban permanecer en el país enfrentaran un escenario sin precedentes.
Esta situación motivó que la EOIR pusiera en marcha un registro electrónico obligatorio para todos los abogados y representantes legales debidamente acreditados, y que constituye “otro paso hacia el aseguramiento de que solo legítimos proveedores de servicios legales interactúen con el sistema de cortes de inmigración”, según explicó Alder.El registro sirve para saber qué está pasando en los casos de inmigración del sistema judicial y como herramienta para “seguir las pistas del fraude”.
