La Corte Suprema estadounidense aceptó examinar dos casos que podrían abrir la puerta para que compañías de EE. UU. obtengan compensaciones por propiedades expropiadas por el régimen cubano desde la llegada de Fidel Castro al poder en 1959.
Estas demandas se basan en la Ley Helms-Burton de 1996, creada para fortalecer el embargo y permitir a ciudadanos estadounidenses demandar a quienes comercien con propiedades confiscadas en la isla. A pesar de existir desde hace casi 30 años, los presidentes anteriores suspendieron su aplicación hasta que la administración de Donald Trump permitió el inicio de los casos.
Exxon reclama a CIMEX y Unión Cuba Petróleo por la expropiación de una refinería de petróleo y más de 100 estaciones de servicio, mientras que otra empresa busca reinstaurar un fallo de 440 millones de dólares contra líneas de cruceros que operan en La Habana.
El Departamento de Justicia argumenta que decisiones anteriores sobre inmunidad soberana extranjera han limitado injustamente estas demandas y que la Ley Helms-Burton debería primar sobre esas restricciones, facilitando que se responsabilice al gobierno cubano por beneficiarse de propiedades confiscadas ilegalmente.
Se espera que los casos sean escuchados en el próximo período de la Corte, con fallos previstos para el próximo verano. Expertos consideran que estas decisiones podrían marcar un precedente histórico en la política estadounidense hacia Cuba.
