Nueva Orleans (EEUU), 6 sep (EFE).- A los latinos que llegaron a Estados Unidos tras el huracán Katrina para reconstruir Nueva Orleans los llamaron los “cazahuracanes”. Fueron empleados con falsas promesas, explotados hasta el límite y deportados cuando ya no hicieron falta.
Ha pasado una década y barrios de Mid-city en Nueva Orleans han adquirido un inequívoco sabor latino, pero muchos inmigrantes siguen amenazados con la deportación, condenados a ser ciudadanos de segunda clase.
Tras el desastre del Katrina, los fondos para iniciar la faraónica reconstrucción de la ciudad comenzaron a fluir hacia subcontratistas que primero hicieron la vista gorda y comenzaron a contratar trabajadores indocumentados, amenazándolos con la deportación si demandaban mejores condiciones.
“Después se dieron cuenta de que había una vía más barata y que además es legal”, destacó en declaraciones a Efe Daniel Castellanos, un peruano que fundó la Alianza de Trabajadores Huéspedes en 2007.
Son los visados de trabajo temporal H-2. Los trabajadores son reclutados en sus países de origen, se costean los trámites y el viaje (muchos endeudándose por encima de sus posibilidades) y cuando llegan muchas veces las condiciones no son las acordadas.
La historia de Castellanos es la de miles de hispanos que comenzaron a llegar a Luisiana tras el huracán y que siguen siendo explotados.
A él le prometieron un visado H-2B para trabajar en construcción por 15 dólares la hora tras pagar 5.000 dólares. Cuando llegó, resultó que el trabajo era en un hotel y estaba remunerado con sólo cinco dólares la hora, y además les cobraban la estancia y la comida.
“Algunas veces te podían entregar a fin de mes un cheque de cero dólares por tu trabajo”, explica Castellanos, que compara este sistema con una moderna “esclavitud”, como la que imperaba en el Sur hasta 1865.
“Dormíamos en camastros rodeados de ratas y cucarachas y luego supimos que la comida que nos cobraban se la donaba gratuitamente el Gobierno federal”, recuerda Castellanos.
“Ahora, además de la construcción o la industria del marisco, también son los astilleros. Tienen a los inmigrantes soldando y respirando gases tóxicos. Cuando sucede algo el empresario se desentiende”, añade.
Estados Unidos reserva anualmente más de 120.000 visados H2 para trabajadores extranjeros temporales, que son utilizados masivamente en los campos de cultivo, la construcción o la hostelería en todo el país.
“Es un trabajador cautivo. Se le trata como si fuera una cosa, no un ser humano”, señala Castellano, quien recuerda que poco a poco se han organizado y han hecho causa común con los afroamericanos, la otra casta olvidada del Sur.
“Están forzados a seguir trabajando con un empleador, pese a que existen abusos, porque no quieren volver endeudados”, explica Meredith Stewart, abogada del Southern Poverty Law Center (SPLC), una organización sin ánimo de lucro que provee asesoría legal y ha realizado demandas a favor de trabajadores desprotegidos.
“Se avanza poco a poco, pero falta mucho”, dice Stewart, quien subraya que tras años de presión y trabajo han conseguido que el Departamento de Trabajo imponga nuevas regulaciones para que se paguen sueldos dignos y no se obligue a los empleados a costearse la promesa de un sueño que no se cumple.
El mes pasado el presidente del mayor sindicato del país, AFL-CIO, Richard Trumka, aseguró que la falta de una reforma migratoria, que mantiene como clandestinos a más de 11 millones de inmigrantes, es utilizada por empresas para satisfacer “su adicción por la mano de obra barata”.
A comienzos de este año el SPLC, que ayudó en la representación legal de los demandantes, obtuvo una gran victoria en defensa de trabajadores indios que también fueron atraídos con engaños para venir a trabajar como empleados temporales.
La sentencia histórica acusaba a empresarios de delitos que suelen recaer en las mafias que traen a indocumentados a este país: tráfico de personas, trabajo forzado y malversación. EFE
