Expertos y personas que exigen una compensación por los bienes confiscados por el gobierno cubano a partir de 1959 pidieron, en una audiencia ante el Congreso este jueves, que Estados Unidos no elimine el embargo antes de solucionar estas reclamaciones.
“No sólo creo que EEUU no debe conformarse con menos que el precio total con 100 por ciento de los intereses, sino que hago un llamamiento a la Administración y al Congreso para que se mantengan firmes y no retiren elementos clave del embargo o de las sanciones que se mantienen, a menos que los reclamantes reciban el pago completo y justo”, dijo el abogado Mauricio J. Tamargo, quien estuvo al frente de la Comisión de Resolución de Reclamaciones en el Extranjero (FCSC, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia durante ocho años.
Javier García-Bengochea, un neurocirujano en Jacksonville que heredó una reclamación por la confiscación de La Marítima Parreño, una compañía portuaria en Santiago de Cuba, declaró con vehemencia que “a menos que las reclamaciones se resuelvan, todo negocio americano en Cuba será tan legítimo como el tráfico de drogas. Traficar con propiedad robada no es [sinónimo de] oportunidad económica… es criminal e inmoral”.
El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes organizó esta audiencia para escuchar criterios en torno a uno de los puntos más álgidos a tratar en el curso de la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
El monto de las reclamaciones certificadas por la FCSC sobrepasa los $1,800 millones, sin incluir los intereses acumulados durante estos años, explicó David Bradley, principal asesor legal de la FCSC por dos décadas. La Comisión agregó un interés fijo anual del 6%, con lo cual la cifra rondaría los $8,000 millones.
De los 5,913 reclamaciones consideradas válidas –que incluyen desde bienes corporativos hasta cuentas bancarias personales y demandas por responsabilidad en la muerte de personas– la mayoría corresponde a pérdidas de ciudadanos, por un valor que supera los $221 millones. El resto, corresponde a compañías que acumulan casi el 80% del valor total. La cifra más alta certificada corresponde a las compensaciones demandadas por la Cuban Electric Company por un monto superior a $267 millones.
La FCSC solo ha certificado los casos de ciudadanos o compañías de EEUU, sin incluir aquellos relacionados con ciudadanos cubanos.
No solo pérdidas monetarias
Quienes testificaron ante el Comité de la Cámara baja insistieron en que las pérdidas afectaron a los demandantes a nivel personal y emocional.
“No se trata solo de propiedades, fueron sus vidas. Ellos pusieron todo a los negocios y la vida que conocían, y luego fueron desposeídos de todo lo que tenían”, dijo Tamargo.
“Espero que la política pueda ser eliminada de la ecuación en la discusión relacionada con la resolución de las compensaciones. No es un tema político para mí, es personal, como lo es para cada ciudadano americano afectado. Mi credo político no define mi deseo de justicia”, agregó Amy Schechter Rosoff, cuya familia posee tres reclamaciones certificadas.
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García-Bengochea sugirió que el gobierno estadounidense contribuya al pago de estas compensaciones, si continúa avanzando en la normalización de relaciones con Cuba sin exigir una reparación. También consideró que compañías que han estado comerciando con Cuba desde el 2003 o grupos como Engage Cuba y la Cámara de Comercio de EEUU que hacen lobby para levantar las sanciones, “sin considerar las reclamaciones, deben pagar”.
Interrogado al respecto, el director de Engage Cuba, James Williams dijo a el Nuevo Herald que “las reclamaciones son un asunto muy importante que debe ser resuelto. Finalmente, después de 54 años sin hacer progresos con la política del embargo, estamos teniendo una conversación real sobre adelantar en este tema”.
Según Tamargo, el modo más simple para llegar a un acuerdo entre ambos países es si se tratan todas las reclamaciones por igual, sin distinciones. Ese sería el modo más “rápido y el que más posibilidades de éxito tendría”, añadió. También aclaró que la restitución de propiedades no es una solución probable pues bajo las leyes internacionales, EEUU ya no tiene propiedades en Cuba y solo permanece la deuda que el gobierno cubano tendría que pagar por concepto de compensación. No obstante, no descartó que algún tipo de acuerdo que implique la restitución de propiedades sea posible, “pero eso dependerá de Cuba”, subrayó.
Funcionarios del gobierno de EEUU han reiterado que este es un tema que será discutido con el gobierno cubano en futuras negociaciones. Por su parte, Raúl Castro demandó a EEUU la “compensación justa a nuestro pueblo por los daños humanos y económicos que ha sufrido”, en un discurso a inicios de este año.
Un proyecto de ley de fondos para el transporte y vivienda que ya fue votado por la Cámara y está en espera de su aprobación en el Senado contiene cláusulas que limitan el establecimiento de nuevos servicios de transporte aéreo y marítimo hacia Cuba citando el “tráfico con propiedades confiscadas”.
