A la espera de que el próximo lunes Washington y La Habana reabran sus respectivas embajadas, es importante analizar las implicaciones que este hecho tendrán en las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Aunque el acercamiento es innegable a la par que histórico, las sanciones clave a la isla no serán eliminadas por completo hasta que el Congreso de Estados Unidos levante el embargo, algo poco probable que tenga lugar antes de 2018, cuando se espera que el actual presidente Raúl Castro dimita o al menos ofrezca señales firmes hacia un proceso de democratización y respeto de los derechos humanos.
Al menos eso considera, Diego Moya-Ocampos, analista senior para América Latina, de la consultora IHS Country Risk. Desde su punto de vista, el cambio político y económico en Cuba seguirá implementándose de forma gradual y a un ritmo en que el establishment del gobierno se sienta cómodo. “Los fuertes incentivos comerciales y de inversión serán un motor para permitir la reforma”, afirma. El comercio y las inversiones aumentarán pero, en buena parte, estarán enmarcadas específicamente como asistencia educativa o de asistencia humanitaria.
El cambio de Estados Unidos en la política hacia Cuba dará más espacio para el Departamento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Comercio estadounidense a conceder más licencias para llevar a cabo inversiones relacionadas con ayuda educativa o actividades humanitarias en Cuba. Esto podría incluir la venta, exportación o reexportación de medicamentos y suministros médicos, alimentos y productos agrícolas a la isla. Otros negocios incluyen servicios financieros, aéreos y de transporte marítimo así como otros sectores, como el turista y el de alimentos.
“El gobierno de Raul Castro se asegurará de que cualquier cambio en el sistema político no amenace su statu quo y que la nueva dirección emergente está alineada con la dirección del Partido Comunista”, pone de manifiesto Moya-Ocampos.
