El régimen de Miguel Díaz-Canel ha vuelto a demostrar su naturaleza represiva: cuando la crisis aprieta, busca culpables entre sus propios cuadros.
El nuevo enemigo interno se llama Alejandro Gil Fernández, exministro de Economía y viceprimer ministro, arrestado y desaparecido bajo cargos de espionaje, lavado de dinero y corrupción.
El anuncio se hizo en la noche del viernes, con un comunicado tan oscuro como el propio sistema judicial cubano. La Fiscalía General de la República se limitó a recitar una lista de delitos sin presentar una sola prueba. No dijo cuántos fueron detenidos, ni a qué país habría “vendido” información. En Cuba, no hace falta evidencia cuando el Partido ya decidió la sentencia.
Del elogio al paredón mediático
Hasta hace poco, Gil era uno de los rostros más visibles del aparato económico del castrismo. Díaz-Canel lo felicitaba públicamente en redes sociales y lo presentaba como “un cuadro leal y revolucionario”.
Semanas después, ese mismo “cuadro” pasó a ser un traidor. El cambio no se debió a un descubrimiento judicial, sino a una decisión política.
Su hija, Laura María Gil, publicó un valiente mensaje en Facebook exigiendo transparencia: “El pueblo merece saber qué hizo, qué país está involucrado, y qué pruebas existen.”
En Cuba, ese simple reclamo ya es un acto de rebeldía.
El libreto de siempre
El caso recuerda las purgas anteriores del castrismo: Carlos Lage, Felipe Pérez Roque, José Luis Rodríguez, todos funcionarios que cayeron en desgracia cuando se volvieron demasiado populares o demasiado independientes.
La estrategia es vieja: acusar de “espías” o “corruptos” a quienes cuestionan el poder.
Es el método preferido del aparato de seguridad del Estado, que lleva más de seis décadas usando los tribunales como herramienta de control político.
Esta vez, el mensaje es claro: nadie dentro del régimen está a salvo.
Gil fue el rostro de las reformas económicas fallidas —el mismo que intentó impulsar cierta apertura al sector privado— y eso lo convirtió en un riesgo para los sectores más duros del Partido y los militares.
El precio del fracaso
El país sufre una inflación sin precedentes, el peso cubano no vale nada y el pueblo vive entre apagones, escasez y represión.
En lugar de asumir su responsabilidad, el régimen necesita un culpable visible. Gil cumple ese papel a la perfección: un burócrata de alto rango al que se puede culpar sin derramar sangre política.
El exministro fue detenido en febrero de 2024 y desde entonces permanece en paradero desconocido. Nadie fuera del círculo militar sabe dónde está ni en qué condiciones. No hay acceso a abogados, prensa independiente ni observadores internacionales.
Así funciona la justicia revolucionaria: primero condenan, luego inventan el delito.
El miedo como política de Estado
El caso Gil no es una lucha contra la corrupción; es una advertencia.
Es el aviso de un sistema que se desmorona y necesita mostrar fuerza, aunque sea a través del terror.
Cada vez que el castrismo se siente acorralado, responde igual: reprimiendo, silenciando y eliminando a quienes podrían pensar distinto.
Mientras tanto, el pueblo sigue pagando el precio de un sistema que ya no funciona ni para sus propios ministros.
