La Corte Federal de Apelaciones del Primer Circuito autorizó al presidente Donald Trump a continuar con la revocación del programa de parole humanitario, política impulsada por la administración Biden que permitió el ingreso y la permanencia temporal en Estados Unidos de más de 532.000 migrantes procedentes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua. Con esta decisión, el tribunal dejó sin efecto la orden de una jueza federal que en abril había bloqueado las deportaciones de los beneficiarios.
El programa, conocido como CHNV, fue diseñado para otorgar permisos temporales de estancia y trabajo por dos años a ciudadanos de países en crisis siempre que contaran con un patrocinador residente en EE. UU. No obstante, el presidente Trump firmó en enero un decreto para terminarlo y, en mayo, la Corte Suprema ya había autorizado al gobierno a revocar estos permisos mientras se resolvían los litigios pendientes.
Los demandantes —organizaciones defensoras de inmigrantes y beneficiarios del parole— argumentaron que la medida era ilegal y violaba el debido proceso. Sin embargo, el panel de tres jueces del Primer Circuito concluyó que no se demostró que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, careciera de facultades legales bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad para poner fin de forma generalizada a estos permisos.
El magistrado Gustavo Gelpí reconoció que la revocación coloca a miles de personas ante un escenario complejo: regresar a países con altos niveles de inseguridad o quedarse en EE. UU. de manera irregular, expuestos a detenciones y deportaciones. No obstante, señaló que ese impacto no invalida la autoridad legal de la secretaria para adoptar la decisión.
El fallo ha sido calificado de “devastador” por organizaciones proinmigrantes como el Justice Action Center, que confían en revertirlo en instancias superiores. Hasta el momento, ni el Departamento de Seguridad Nacional ni el de Justicia han emitido comentarios.
Por otro lado, la Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense (FAIR) reveló que una auditoría interna del DHS detectó irregularidades en miles de solicitudes, como direcciones repetidas, uso masivo de una misma IP en Tijuana y patrocinadores vinculados a más de 100.000 peticiones. Para la nueva administración, estos hallazgos justifican revisar y terminar el programa.
